Venezuela
sepultada bajo los escombros de un Estado fallido
Gustavo de
Arístegui
Hay
catástrofes que, además de segar vidas, desnudan verdades. El doble terremoto
que el pasado 24 de junio asoló el norte de Venezuela —dos sacudidas de
magnitud 7,2 y 7,5 separadas por apenas treinta y nueve segundos, las más
violentas en más de un siglo— no solo ha sepultado
a miles de venezolanos bajo el hormigón: ha dejado al descubierto, con una
crudeza insoportable, la absoluta incapacidad del régimen narcoterrorista
castro-chavista para construir un Estado serio, esto es, un Estado capaz de
garantizar a sus ciudadanos lo más elemental: protección, servicios básicos y
seguridad. La incompetencia, el latrocinio y la fuga de talentos han destruido
casi todas las capacidades del Estado.
Porque
eso es, exactamente, lo que hoy brilla por su ausencia más absoluta. En las
zonas devastadas no hay presencia alguna del Estado venezolano —ni en el nivel
federal, ni en el estatal, ni siquiera en los municipios férreamente dominados
por el chavismo—. Quienes escarban
entre los escombros, quienes auxilian a los heridos, quienes rescatan a los
atrapados, son los voluntarios, los vecinos y algunas policías locales
abandonadas a su suerte. El aparato que durante años se proclamó
“revolucionario” y “protector del pueblo” se ha evaporado en el preciso
instante en que el pueblo más lo necesitaba, cuando la furia de la naturaleza
se desata.
El
epicentro se situó en Yaracuy, pero la onda destructora alcanzó de lleno al
estado costero de La Guaira —declarado “zona de desastre”—, a Caracas, a
Carabobo y a Aragua, donde edificios enteros se desplomaron sobre familias
reunidas en un día festivo. Se calcula que hay decenas de miles de
desaparecidos. Y me temo que esto no sea más que una pálida sombra de lo que
los cálculos de las agencias más reputadas temen. En las áreas más castigadas,
con miles de viviendas mal construidas durante casi tres décadas de saqueo y
desplomadas como castillos de naipes, las víctimas mortales podrían contarse,
cuando se levanten todos los escombros, por decenas de miles. Es una cifra que
estremece, y que la opacidad sistémica del régimen impedirá probablemente
conocer en su magnitud real.
No
se trata de una fatalidad geológica sin más. Se trata, sobre todo, de la
consecuencia previsible de un modelo. Durante años, este régimen despiadado
dilapidó la inmensa riqueza de Venezuela no en hospitales, ni en viviendas
dignas, ni en infraestructuras capaces de resistir, sino en enriquecer a su
cúpula y en financiar una vasta red de corrupción internacional: mordidas a
dirigentes extranjeros, lobbies comprados en medio mundo, financiación de
partidos de extrema izquierda que se convirtieron en sus voceros en España y
otros países.
En
suma una inmoral y, a la vista de esta tragedia sin límites, repugnante
operación de influencia y propaganda, así como de complicidades adquiridas a
golpe de petrodólares mientras el venezolano de a pie carecía de lo más básico.
El dinero que debió blindar escuelas y reforzar edificios sirvió para comprar
voluntades en capitales ajenas. Hoy, el resultado de esa traición se mide en
víctimas mortales.
La
respuesta de la comunidad nacional
Ante
semejante orfandad, la comunidad internacional tiene una obligación moral
inaplazable, y le corresponde a Estados Unidos encabezarla —tanto más cuanto
que es Washington quien hoy avala al gobierno interino de los hermanos Rodríguez,
Delcy y Jorge. La Casa Blanca ha actuado con rapidez: equipos de búsqueda y
rescate, medios del SOUTHCOM, flexibilización temporal de las sanciones para
permitir las transacciones humanitarias y un compromiso económico de ciento
cincuenta millones de dólares —cien para la Oficina de Coordinación de Asuntos
Humanitarios de la ONU y otros cincuenta para las operaciones sobre el
terreno—. Otros países —Francia, que desplazó de inmediato a sus rescatistas
pese a los daños en su embajada; México; la propia Naciones Unidas— han sumado
sus esfuerzos. Es una respuesta generosa, ciertamente, y digna de aplauso
cuando la política norteamericana se deja guiar por la sensatez; pero, ante una
tragedia de esta escala, resulta a todas luces insuficiente.
Y
si la generosidad ajena se queda corta, la actitud de España resulta
sencillamente inaceptable. Un Gobierno que durante años ha hecho del trato
complaciente con el chavismo una seña de identidad de su política exterior, que
ha mirado hacia otro lado ante la deriva criminal de Caracas, no puede ahora
despachar la mayor catástrofe humanitaria del continente con gestos tardíos y
tibios. El envío de la UME y del ERICAM —que se saluda— pero es incomparable
con lo que hicimos en el caso de Nepal, operación que yo coordiné por encargo
del consejo de ministros con 150 miembros de la UME, una unidad de rescate de
montaña de la Guardia Civil y 10 miembros de la embajada de España en Nueva
Delhi (estábamos acreditados en Nepal, Bután, Sri Lanka y Maldivas, además de
la India) permanentemente en suelo nepalí durante más de un mes conmigo a la
cabeza.
El
pueblo venezolano es, por partida doble, víctima: primero de esta devastadora
catástrofe, segundo de una tiranía que primero le robó el porvenir y ahora lo
deja abandonado ante la catástrofe. A él, toda nuestra solidaridad, amor
fraternal, asistencia sin reservas y ni demora. ¡Venezuela en el corazón!

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