Cómo
cambian las cosas en un año. Durante el otoño del año pasado, el presidente
Donald Trump ordenaba a los buques de guerra de Estados Unidos bloquear los
petroleros que salían de las costas de Venezuela. Menos de 12 meses después,
Trump anunció: “el mayor acuerdo petrolero en la historia del mundo” con la
presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez. Esta es la misma Delcy
Rodríguez que fue nombrada vicepresidenta de Venezuela por Nicolás Maduro, el
exlíder venezolano que fue capturado durante una operación militar de Estados
Unidos en enero y que ahora espera juicio en una cárcel en Brooklyn por cargos
de narcoterrorismo.
El
acuerdo podría parecer una singular buena noticia para Venezuela. En el país
hay algunas de las mayores reservas probadas de petróleo del mundo; sin
embargo, produce solo alrededor del 1 por ciento del suministro mundial de
petróleo. Una asociación con Washington para movilizar fondos podría, en
teoría, impulsar el crecimiento y volver a encarrilar la maltrecha economía del
país, recientemente golpeada por un devastador terremoto. El acuerdo, sin
embargo, se asemeja más a una privatización opaca de la riqueza petrolera del
país, un trato cuyas ganancias es poco probable que se distribuyan por
Venezuela y que podría truncar el surgimiento cada vez más improbable de una
democracia soberana.
Todavía
hay mucho que no sabemos sobre el acuerdo. Trump afirma que no tendrá ningún
costo para los contribuyentes estadounidenses y que servirá para reponer la
Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos, que se encuentra en su nivel
más bajo desde 1982. Rodríguez dice que el pacto atraerá 100 millardos de
dólares en inversiones de capital y permitirá a Venezuela aumentar la
producción en 1,5 millones de barriles al día, más del doble de los niveles
actuales. El gobierno de Estados Unidos se está asociando con un magnate
petrolero venezolano, Alejandro Betancourt López, quien es más conocido por
recibir millardos de dólares en contratos estatales sin licitación para
construir plantas eléctricas, gran parte de los cuales invirtió en bienes
raíces en el extranjero. Esta empresa conjunta recibirá concesiones por 100
años en yacimientos que albergan una quinta parte de las reservas de petróleo
venezolano.
El
gobierno de Trump ha asegurado que su modelo para transformar Venezuela sigue
un plan de tres etapas: estabilización, recuperación económica y transición a
la democracia. Si ese sigue siendo realmente el objetivo, este acuerdo es un
retroceso claro.
La
historia nos enseña que cuando los gobiernos transfieren recursos a élites
conectadas políticamente a través de procesos de privatización turbios, la
democracia sufre. Tomemos el caso de Rusia: a mediados de la década de 1990, el
gobierno de Boris Yeltsin transfirió participaciones de control en compañías
petroleras estatales a precios de liquidación a través de subastas arregladas a
algunos de sus aliados políticos clave. El acuerdo creó enormes fortunas, pero
generó pocos beneficios tangibles para el pueblo ruso, que en pocos años se
enfrentó al colapso de su moneda y sistema bancario. Lo más perjudicial fue que
creó una clase de oligarcas con interés en bloquear la transición a una
democracia que pudiera cuestionar la procedencia de su riqueza. La
concentración de poder económico que resultó de esa privatización jugó un rol
indispensable en la reversión de Rusia a un régimen autoritario, algo que
presagia lo que podría suceder en Venezuela.
Cuando
los gobiernos utilizan su autoridad para otorgar poder económico de manera
ilegítima o arbitraria, es poco probable que surjan instituciones que restrinjan
ese poder. Es por eso que deben implementarse reformas para fortalecer la
gobernanza y el Estado de derecho antes de privatizar los activos estatales.
También es la razón por la que activos públicos valiosos, como el petróleo de
Venezuela, deberían venderse a través de licitaciones abiertas y transparentes.
En este momento, Venezuela ocupa el último lugar de los 143 países en el Índice
de Estado de Derecho del World Justice Project. No tiene un poder judicial
independiente, ni una tradición institucional de rendición de cuentas ni una
distinción efectiva entre el Estado y el partido gobernante. Se trata de un
país donde a nadie debería sorprenderle que la privatización fracase.
Tampoco
es probable que este acuerdo afecte los precios mundiales del petróleo, lo que
el gobierno de Trump ha presentado como uno de los objetivos clave del plan.
Pasarán años para que la producción petrolera venezolana aumente de manera
significativa e, incluso si lo hace, no seguirá el ritmo del crecimiento
proyectado de la demanda mundial durante los próximos 25 años. Cualquier
petróleo que termine en la Reserva Estratégica de Petróleo no se venderá en los
mercados mundiales.
Durante
la Guerra Fría, bajo la Doctrina Monroe, Washington impuso regímenes de
protectorado similares en Cuba, Haití y República Dominicana.
Estas
experiencias no terminaron bien. Al estimular el surgimiento de políticos más
preocupados por congraciarse con Washington que por responder a las demandas de
su pueblo, estos regímenes sofocaron el desarrollo de las instituciones
necesarias para el autogobierno e impulsaron una animosidad duradera a Estados
Unidos.
En
las últimas dos décadas, los venezolanos han vivido la destrucción de lo que
alguna vez fue una economía próspera y una democracia vibrante. Estados Unidos
ahora tiene tanto la oportunidad como la responsabilidad de ayudarlos a
reconstruir su país. Un proceso de privatización nebuloso que reduce la
rendición de cuentas, profundiza las desigualdades y elude la reforma
institucional no acercará el cambio democrático. Lo alejará aún más.
Francisco Rodríguez es
investigador sénior del Centro de Investigación Económica y Política y profesor
de asuntos internacionales y públicos en la Facultad Josef Korbel de Estudios
Internacionales de la Universidad de Denver.
No hay comentarios:
Publicar un comentario