Cartel de los Soles por InSight Crime

 

Cartel de los Soles

por InSight Crime

22 Sep 2025

 

El Cartel de los Soles es la denominación que se ha otorgado a un entramado de oficiales y facciones dentro del Estado venezolano, acusados de participar en una amplia gama de actividades criminales, incluyendo el contrabando de gasolina, la minería ilegal y el tráfico de drogas.

No es un grupo jerárquico o ideológico. Su estructura está constituida por una red difusa de células instaladas dentro de las principales ramas castrenses de Venezuela: el ejército, la marina, la fuerza aérea y la guardia nacional, desde los rangos más bajos a los más altos.

Aunque el concepto se asocia principalmente con los sectores militares, también se han identificado otras ramificaciones del Estado incrustadas dentro del ecosistema criminal, incluyendo a cuerpos policiales, la rama ejecutiva y distintos funcionarios públicos.

Historia

En los años noventa, salieron a la luz señalamientos de que soldados de la Guardia Nacional colaboraban con narcotraficantes, principalmente aceptando pagos para permitir el tránsito de cargamentos de droga por suelo venezolano.

Se dice que el término “Cartel de los Soles” se usó por primera vez en 1993, cuando dos generales de la Guardia Nacional, el jefe de la unidad antinarcóticos Ramón Guillén Dávila y su sucesor Orlando Hernández Villegas, fueron investigados por narcotráfico y otros delitos conexos. En su calidad de comandantes de brigada, cada uno usaba un sol como insignia en sus charreteras, lo que dio origen al nombre de “Cartel del Sol”. Más adelante, cuando se conocieron denuncias de la participación en el narcotráfico de los comandantes de división —quienes tenían soles dobles por su rango—, el término se modificó al de “Cartel de los Soles”.

A mediados de los años 2000, varios elementos de la Guardia Nacional y otras ramas del ejército asumieron roles mucho más activos en el tráfico de drogas. Varias facciones de las fuerzas de seguridad comenzaron a comprar, almacenar, trasegar y distribuir cocaína directamente, dejando atrás su implicación primaria, que había sido la extorsión a traficantes.Una teoría de lo que pudo haber motivado esta evolución es que los narcos colombianos comenzaron a pagar a los militares con drogas en lugar de efectivo, lo que forzó a los venezolanos a buscar mercados propios.

Para ese entonces, tres eventos importantes contribuyeron al surgimiento del crimen organizado en Venezuela. En primer lugar, Colombia firmó el programa de seguridad “Plan Colombia” con Estados Unidos, por varios miles de millones de dólares, lo que permitió a las fuerzas de seguridad colombianas aumentar la presión sobre grupos guerrilleros como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). La presión militar llevó a la guerrilla a pasar más de sus operaciones a los estados fronterizos venezolanos, con poca vigilancia policial y presencia estatal.

Luego, en 2002, hubo dos hechos clave, uno seguido del otro. El primero fue la interrupción del proceso de paz entre las FARC y el gobierno del entonces presidente colombiano Andrés Pastrana, lo que implicó que los insurgentes perdieran la gran extensión de territorio asegurado al sur de Colombia y se vieran en la necesidad de buscar otro refugio. El segundo, fue el intentode golpe de Estado que llevó al derrocamiento temporal del presidente Hugo Chávez. Esto llevó a Chávez a concentrar mucha energía en la identificación y penalización de quienes apoyaron el golpe, a la par que libraba otras intensas batallas políticas, como el paro petrolero de 2002-2003.

Los efectos del golpe llevaron a la administración Chávez a realizar una purga interna de su círculo más cercano. También supuso que muchos cargos de influencia en el gobierno u oportunidades de contratación lucrativas se entregaran a fieles al ejército. El gobierno adoptó el estilo de un régimen pretoriano, en el cual, oficiales del ejército activos o retirados asumieroncargos en varias instituciones del Estado.

Chávez también creó zonas militares de operaciones a lo largo de la frontera oeste, aduciendo temores de una invasión estadounidense desde Colombia. Varios elementos del ejército, así como de la Guardia Nacional, fueron corrompidos progresivamente por las ganancias que ofrecía el narcotráfico.

El término “Cartel de los Soles” volvió a ser objeto de la atención pública en 2004 gracias al periodista y concejal municipal Mauro Marcano. Antes de su asesinato ese mismo año, Marcano acusó al comandante de brigada de la Guardia Nacional y director de inteligencia, Alexis Maneiro, junto con otros miembros de la institución castrense, de tener nexos con narcos. El caso Marcano sugería que había más corrupción sistemática en la Guardia Nacional, pero el gobierno solo hizo un tibio esfuerzo por investigar la denuncia. No se abrió ninguna investigación contra Maneiro, y fue transferido a un cargo menos notorio.

Por esa época, hubo otras señales de que el narcotráfico crecía en Venezuela. En 2004, la Oficina de la Casa Blanca para la Política Nacional de Control de Drogas estimó que por el país pasaron alrededor de 50 toneladas de cocaína. Para 2007, ese número se estimaba en unas 250 toneladas, según un informe de la Oficina de Rendición de Cuentas del gobierno estadounidense (US Government Accountability Office).

En forma simultánea, la participación de militares en el favorecimiento del trasiego de cocaína fue objeto de mayor escrutinio. En agosto de 2004, varios miembros de la Guardia Nacional incriminaron a tres pasajeros de una aerolínea (incluido un ciudadano estadounidense) por tráfico de drogas pasando por el aeropuerto internacional de Caracas. Otros oficiales de la Guardia Nacional también fueron arrestados en un caso aparte luego de ser sorprendidos cargando cocaína a un avión privado en el aeropuerto de Maiquetía (hoy Aeropuerto Internacional Simón Bolívar). Esos hechos  sacaron a relucir el rol del ejército en el tráfico de narcóticos, y la tendencia a decomisar cargamentos de drogas que no pagaban protección.

En 2005, las acusaciones de espionaje contra la Administración para el Control de Narcóticos de Estados Unidos (Drug Enforcement Administration, DEA)  por parte del entonces presidente Chávez también contribuyeron a reforzar las redes del crimen organizado en el país. Los señalamientos pusieron freno a los proyectos antinarcóticos respaldados por Estados Unidos, incluida una iniciativa que habría modernizado la tecnología de inspección en Puerto Cabello, uno de los puntos de salida más importantes del país para los cargamentos de drogas.

En 2008, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) adscrita al Departamento del Tesoro estadounidense señaló al exjefe de inteligencia Hugo Armando Carvajal Barrios por “asistencia material a las actividades de tráfico de narcóticos de los insurgentes de las FARC de Colombia”. Carvajal fue posteriormente aprehendido por las fuerzas de seguridad en Aruba a pedido de las autoridades estadounidenses, pero lo liberaron rápidamente luego de la mediación del gobierno holandés.

En ese mismo año, Chávez impulsó una reforma de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional (LOFAN) que transformó a la Fuerza Armada Nacional en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), un cambio que no solo respondía a cuestiones simbólicas sino a una nueva concepción del rol militar dentro del Estado. Bajo el discurso de la “unión cívico-militar” y la “defensa integral de la nación”, el chavismo redefinió el dogma castrense, buscando consolidar a los militares como columna vertebral de su proyecto político y como garantes de la continuidad de la Revolución Bolivariana.

Otros hechos, como el caso de la “narcoavioneta” en 2011, también alimentaron la idea de cierta complicidad con el crimen organizado en las más altas esferas del gobierno y el ejército. En agosto de 2011, se descubrió que una avioneta capturada en el estado de Falcón, norte del país, con cerca de 1.400 kilos de cocaína, había despegado de la base militar La Carlota, de Caracas. Voceros del ejército, la fuerza aérea y el gobierno dieron diferentes explicaciones sobre lo sucedido.

Con el ascenso de Nicolás Maduro al poder después de la muerte de Chávez, los casos de colusión estatal con el narcotráfico se profundizaron. El 10 de septiembre de 2013, un avión de Air France aterrizó en París con 1,3 toneladas de cocaína empacadas en 31 maletas a bordo. El avión había salido del aeropuerto de Maiquetía en Caracas, que está bajo estricto control militar. Aunque se hicieron una serie de capturas en las filas de la GNB en conexión con el caso, todas ellas fueron de oficiales de bajo rango.

A esto siguieron aún más escándalos en 2015. Leamsy Salazar, exjefe de seguridad presidencial de Chávez, acusó al entonces presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, de ser uno de los jefes del Cartel de los Soles. Ese mismo año, Estados Unidos imputó a dos altos exoficiales de seguridad de Venezuela por narcotráfico. En agosto de 2016, Estados Unidos abrió pliegos de cargos federales contra el exdirector general de la agencia antinarcóticos de Venezuela, Néstor Luis Reverol Torres, y contra el exsubdirector del mismo organismo, Edylberto José Molina Molina. El día después de que se hicieran públicas las imputaciones, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, designó a Reverol como su nuevo ministro de interior.

El largo historial de acusaciones de participación oficial en el tráfico de drogas llegó a su culmen en marzo de 2020, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos imputó al presidente Maduro, a varios funcionarios de su administración y exfuncionarios, así como a miembros de la cúpula de las desmovilizadas FARC, por “cargos de narcoterrorismo”. La imputación aseveraba que Maduro y otros “abusaron del pueblo venezolano y corrompieron las instituciones legítimas de Venezuela —incluidas partes del ejército, el aparato de inteligencia, el legislativo y la rama judicial— para favorecer la importación de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos”. El Departamento de Estado ofreció entonces una recompensa de US$15 millones por informaciones que condujeran al arresto de Maduro.

En agosto de 2025, esta recompensa se elevó a US$50 millones, luego de que Estados Unidos designara al Cartel de los Soles como Terroristas Globales Especialmente Designados (Specially Designated Global Terrorist, SDGTs) en julio de ese mismo año. Poco después, otros países de la región como Argentina, Ecuador, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago, entre otros, también se sumaron a la iniciativa de la designación terrorista.

Actividades criminales

El rol más frecuente del ejército venezolano en el narcotráfico ha sido permitir el paso seguro de los cargamentos de cocaína, así como aprobar el arribo y salida de las aeronaves que transportan la droga hacia otros países. Dado que las Fuerzas Armadas están a cargo de la protección del territorio nacional, de sus fronteras y de liderar la guerra contra el narcotráfico, entre otras funciones, están en la mejor posición para detectar movimientos ilícitos y denunciarlos o dejarlos pasar.

 

Varios informes indican que los oficiales del ejército venezolano apostados en la región fronteriza pueden determinar si permiten el paso de cargamentos de drogas por tierra, y muchas veces los protegen en el trayecto. Esto es especialmente cierto con las pistas clandestinas en los estados fronterizos de Zulia, Apure y Táchira, puntos de partida de los aviones cargados de cocaína hacia Centroamérica y el Caribe.

El ejército venezolano también permite el arribo y la salida de aviones, principalmente mediante la manipulación de los radares aéreos. Las denuncias sobre narcotráfico y los expedientes a los que InSight Crime tuvo acceso muestran que muchas veces los oficiales exigen pagos a los narcotraficantes para apagar los radares en el momento preciso para evitar que el vuelo quede registrado, o para expedir códigos especiales para que el vuelo quede registrado como legal y así garantizar que las autoridades no persigan dicha aeronave en el futuro.

Los agentes del gobierno también están involucrados en la autorización de salida y despegue de carga de terminales oficiales portuarias y aéreas. Aunque no hay evidencia concluyente de esto, existen fuertes indicios de su participación. Esas instalaciones, por lo general, son manejadas por el ejército que vigila fuertemente estos lugares.

Liderazgo

El Cartel de los Soles no tiene una estructura de mando definida, ya que se trata de un conjunto de redes autónomas que pueden, o no, tener relación entre sí. En lugar de eso, no hay más que una lista de nombres de personas que trabajan en las ramas principales de las fuerzas armadas de Venezuela, a quienes los agentes estadounidenses han identificado por su participación en actividades criminales. InSight Crime tiene la lista de 123 altos funcionarios del gobierno venezolano, activos y en retiro, que han estado involucrados en tráfico de cocaína.

Algunos de los primeros indicios de fuentes del gobierno estadounidense sobre una honda implicación de los más altos niveles de las fuerzas de seguridad del país en el crimen organizado se conocieron en 2008. En septiembre de ese año, la OFAC sancionó a tres personas que supuestamente servían de contactos para las FARC en un esquema de intercambio de drogas por armas.

Hugo Armando Carvajal Barrios, alias “El Pollo”, que en esa época era director de inteligencia militar; Henry de Jesús Rangel Silva, a quien Chávez nombró general en jefe y luego ministro de defensa en enero de 2012, y Ramón Emilio Rodríguez Chacín, exministro de interior y de justicia, fueron señalados.

Los funcionarios mencionados supuestamente entregaron a las FARC “documentos de identificación oficiales del gobierno venezolano que permiten a los miembros de la guerrillaviajar con facilidad hacia y desde Venezuela”, además de supuestamente haber “proporcionado asistencia material” a las FARC en sus actividades de narcotráfico.

Esos no fueron los únicos funcionarios señalados por la OFAC. En septiembre de 2011, esa oficina sancionó a otros cuatro funcionarios venezolanos por presunto “suministro de armas y seguridad a las FARC”.

Entre los señalados se contaban Cliver Antonio Alcalá Cordones, más adelante nombrado jefe del ejército para la Defensa Estratégica Integral para la Región de Guayana (REDI Guayana); el diputado Freddy Alirio Bernal Rosales, exalcalde de Caracas y actualmente gobernador del estado Táchira; el agente de inteligencia Ramón Isidro Madriz Moreno, y Amílcar Jesús Figueroa Salazar, político a quien se describió como “principal proveedor de armas para las FARC y… canal principal de los mandos de las FARC asentados en Venezuela”.

Los defensores de la administración Chávez sostuvieron que la lista de la OFAC se basó en evidencia no corroborada de documentos de un computador incautado en el campamento bombardeado del comandante de las FARC “Raúl Reyes”, y que no existía evidencia concreta de dicho “Cartel de los Soles”, que en realidad realiza las operaciones criminales. Otros han criticado la lista OFAC como un instrumento político para difamar las administraciones de Chávez y de Maduro.

Las fuerzas de seguridad no adelantaron investigaciones totalmente transparentes sobre la presunta mala conducta de Maneiro, Alcalá y otros oficiales cuando tuvieron la oportunidad. Más aún, aunque las autoridades venezolanas acusaron de delitos de drogas a algunos miembros de bajo rango de las fuerzas armadas, no se persiguió con el mismo interés a los miembros de mayor rango acusados de participación en narcotráfico.

En 2020, un tribunal del Distrito Sur de Nueva York, en Estados Unidos, imputó a Maduro, al exgeneral Alcalá, a Carvajal Barrios, y a Diosdado Cabello, actual ministro de relaciones interiores, justicia y paz, por participar en el tráfico de cocaína junto a las FARC.

En junio de 2023, el exgeneral Alcalá, retirado desde 2013, se declaró culpable ante el tribunal de haber colaborado con las FARC desde 2006. Alcalá fue condenado en 2024 a 21 años de prisión por “proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera designada”, incluyendo la venta de armas de fuego.

En junio de 2025, Carvajal Barrios, director de inteligencia militar hasta 2014 y posteriormente diputado de la Asamblea Nacional, también se declaró culpable ante el mismo tribunal. De acuerdo con el comunicado de prensa de la fiscalía federal, Carvajal Barrios “colaboró con las FARC para coordinar envíos de drogas de varias toneladas bajo su protección; proporcionó seguridad fuertemente armada para proteger los envíos de drogas; y armó a las FARC con armas automáticas y explosivos para promover las actividades terroristas y de tráfico de drogas del grupo”. Además, “participó en actos violentos, incluidos secuestros y asesinatos, para facilitar este tráfico de cocaína y proteger a sus cómplices.”

Otros organismos gubernamentales estadounidenses y otros exfuncionarios venezolanos han apuntado su dedo hacia varias importantes figuras con nexos con los más altos escalones del gobierno venezolano por contribuir a favorecer la actividad delictiva.

Tareck El Aissami, exvicepresidente de Venezuela, también se destaca en actividades criminales. En 2017, el Departamento del Tesoro estadounidense sancionó a El Aissami por “su rol capital en el tráfico internacional de narcóticos”.

Específicamente, el Departamento del Tesoro alega que El Aissami “recibió pagos por facilitar el paso de cargamentos de drogas del capo venezolano Walid Makled”, además de “brindar protección al narco colombiano Daniel Barrera Barrera y al narcotraficante venezolano Hermágoras González Polanco”, entre otra actividad criminal.

En 2019, el Departamento de Justicia de Estados Unidos procedió a acusarlo de violación de su señalamiento por el Departamento del Tesoro por el presunto uso de empresas estadounidenses para fletar vuelos privados, según reza la imputación.

El  general Néstor Reverol, exdirector de la Oficina Nacional Antidrogas, también fue señalado como facilitador directo  en operaciones de narcotráfico. Un pliego de cargos de 2015 afirmaba que este usó su cargo de autoridad entre enero de 2008 y diciembre de 2010 para poner sobre aviso a los traficantes sobre próximos operativos sorpresa, asegurar la liberación de personas y propiedades vinculadas al narcotráfico, obstruir investigaciones y operativos antinarcóticos, y aceptar sobornos de narcotraficantes a cambio de ayudarlos a adelantar sus actividades ilícitas.

“El narcotráfico y la corrupción eran comunes, lideradas por importantes figuras como Néstor Reverol”, señaló Carvajal Barrios, exjefe del servicio de inteligencia militar de Venezuela, en una entrevista concedida al diario The New York Times en 2019.

Geografía

Los elementos del ejército que se presume tienen mayor participación en el tráfico de narcóticos en Venezuela se concentran a lo largo de la frontera oeste con Colombia, en especial en los estados de Apure, Zulia y Táchira. El poder de estas células proviene de su acceso a los principales aeropuertos del país, a retenes de carreteras y puertos, incluido Puerto Cabello, en el estado de Carabobo.

Los cargamentos de cocaína se adquieren en los estados limítrofes de Apure y Zulia, o en los departamentos fronterizos colombianos. Dado que hay escasez de dólares en Venezuela y el bolívar local se devalúa continuamente en el mercado negro, es raro que las compras involucren dinero. Con frecuencia se intercambia la cocaína por armas, especialmente en transacciones anteriores con las antiguas FARC. De lo contrario, los venezolanos actúan como socios de los traficantes establecidos en Colombia, y acceden a partir de las ganancias de la venta de la cocaína en el exterior.

Las rutas de tráfico más usadas son por aire, hacia República Dominicana y Honduras. Otra ruta es el trasiego de la cocaína por tierra hasta Surinam, luego por aire o mar hasta África Occidental y de allí a Europa. Cuando se transporta por vía terrestre, la cocaína se almacena generalmente en ranchos y fincas locales de propiedad de contactos civiles.

 

Aliados y enemigos

En el pasado, se creía que estas organizaciones militares se abastecían de cocaína de la exguerrilla de las FARC en Colombia, en especial de los Bloques Oriental y del Magdalena Medio. Pero desde la desmovilización de los insurgentes en 2016, las disidencias de las FARC, que se negaron a deponer las armas, heredaron parte del negocio.

No obstante, el papel que desempeñaban las extintas FARC en el suministro de cargamentos y en el control de operaciones dentro de Venezuela ha sido asumido, desde hace una década, por el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Esta guerrilla ha consolidado un dominio progresivo sobre la frontera binacional y se ha convertido en un socio estratégico del régimen de Maduro, al encargarse tanto de la entrega de cargamentos como de la protección de las zonas de despacho de droga.

En sus informes sobre terrorismo por países de 2019, el gobierno estadounidense señaló que “Maduro y sus cómplices usan las actividades criminales para ayudarse a mantener el dominio ilegítimo en el poder, lo que fomenta un entorno permisivo para […] el ELN”. Se ha dicho que el grupo guerrillero paga a miembros de las fuerzas armadas venezolanas para que protejan sus intereses, entre ellos la minería ilegal y el contrabando de gasolina.

La Guardia Nacional también trabajó con el narcotraficante civil Walid Makled para sacar los cargamentos de narcóticos de Venezuela. Makled afirmó haber trabajado con docenas de altos mandos del ejército. Tanto la Guardia Nacional como el ejército lo usaban como “intermediario” para organizar el trasiego de cargamentos de cocaína fuera del país.

 

También hay evidencia que indica que miembros del Cartel de los Soles cuentan con la complicidad, e incluso con la participación activa, de altos mandos del gobierno civil de Venezuela. En 2016, por ejemplo, dos sobrinos de la primera dama venezolana Cilia Flores comparecieron ante un juez para responder por cargos de drogas en una corte federal estadounidense. Un agente de la DEA testificó que el negocio con drogas planeado por los sobrinos fue facilitado por el hermano de Cilia Flores, Bladimir. Durante el juicio, se presentó evidencia que indica que los sobrinos podrían haber actuado como fachada política para el Cartel de los Soles.

En noviembre de 2022, los “narcosobrinos” fueron liberados por Estados Unidos tras cumplir parte de una condena por narcotráfico. La excarcelación se produjo en el marco de un canje de prisioneros entre Washington y Caracas, que incluyó la liberación de ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela.

Perspectivas

Múltiples casos ponen en evidencia el involucramiento de altos funcionarios y miembros de las fuerzas armadas de Venezuela en las actividades criminales atribuidas al Cartel de los Soles. Sin embargo, el gobierno venezolano no ha abierto investigaciones rigurosas ni procesos judiciales contra los sospechosos. De hecho, en ciertos casos ha ascendido a los oficiales del ejército acusados de participar en actividades de narcotráfico.

Frente a esta situación y ante el deterioro de las crisis política y económica en Venezuela, es plausible que las operaciones del Cartel de los Soles continúen sin obstáculos, y mantengan su expansión.

Adicionalmente, la bonanza cocalera en Colombia, con ganancias y producción sin precedentes, ha convertido a Venezuela en una plataforma estratégica para la salida de cargamentos. Este escenario se sostiene gracias al involucramiento de militares de distintos rangos en redes de contrabando y protección, así como al papel del ELN, que ha consolidado control territorial en la frontera y opera como socio clave en estas operaciones.